FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
AC1237-2014
(Aprobado en sesión de dieciocho de diciembre de dos mil trece)
Bogotá. D.C., catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Gonzalo Quiroga Valbuena para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 13 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario del impugnante contra Luis Helmer Vélez Osorio.
ANTECEDENTES
Sirvieron como fundamento los que se sintetizan así (folios 42 al 69, cuaderno 8):
A pesar de que la adquisición del dominio por prescripción extraordinaria no requiere de la presencia de título alguno, ese axioma es de recibo «en tanto que el usucapiente alegue no más que su propia posesión». Si éste pretende agregar la posesión de sus predecesores, tiene la «carga procesal de demostrar la existencia del título singular o universal que le dé derecho a suceder al poseedor anterior en tales actos de posesión”, lo que no se acredita con testimonios.
Del «contrato de venpermuta» celebrado el 9 de abril de 1981, entre Luz Mary Atehortua Vásquez y Gonzalo Quiroga Valbuena, «no emerge manifestación de voluntad alguna» de entregar la posesión al gestor, quien recibió el predio el 11 de marzo de 1983, sin que obre en el plenario «la forma en que la señora Luz Mary Atehortua Vásquez, por su parte, adquirió de su antecesor la posesión del inmueble objeto de este proceso, y que el aquí demandante pretende sumar a la suya».
Si bien se aportó copia auténtica del documento privado de 8 de mayo de 1979, en el cual Luis Helmer Vélez Osorio prometió el bien en permuta a Atehortua Vásquez y sus hijos, obran en autos copias auténticas de las providencias ejecutoriadas de primera y segunda instancia, esta última del mismo Tribunal de conocimiento, declarando la nulidad de ese acuerdo, con lo que «se quiebra la cadena de posesiones con título e ininterrumpidas que es menester comprobar en casos como el presente».
Y si se diera por descontada la continuidad de los títulos, lo cierto es que «ni uno solo de los declarantes da cuenta de actos de posesión ejercidos por el demandante ni mucho menos por su antecesora, que sumados se remonten siquiera a los veinte años”, lo que tampoco se acredita con las copias inauténticas que se anexaron de manera extemporánea con los alegatos de conclusión.
En proceso reivindicatorio entre las mismas partes, adelantado en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, se negaron las pretensiones, lo que confirmó el superior. Sin embargo, los argumentos de esos fallos encajan dentro de las excepciones de carácter temporal, que no impedían iniciar otro igual, a la luz del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.
El fallo adverso obedeció a que la posesión del allí demandado tenía carácter contractual, pues provenía de la promesa de venta que celebró con Luz Mary Atehortua vda. de Muriel, quien a su vez la adquirió en pacto similar con el demandante. Pero con la declaratoria de nulidad de este último acuerdo, según «sentencias que el 15 de marzo y 13 de diciembre de 2004 profirieron el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá Cundinamarca y esta Corporación» fue «removida esa talanquera».
En cuanto atañe con las mejoras, a pesar de que obra dictamen pericial que las valora, «no se puede otorgar eficacia probatoria a la mencionada experticia” ante la falta de certeza de que fueron implantadas por Quiroga Valbuena, además de que «la cancelación de impuestos o del respectivo crédito hipotecario, en puridad de verdad no constituyen mejoras ni mucho menos necesarias o útiles”.
CONSIDERACIONES
Así lo advirtió la Sala en autos de 16 de agosto de 2012 y 12 de julio de 2013, rad. 2009-00466 y 2006-00622-01, al exigir que
(…) sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.
De ellos, el primero acusa la infracción indirecta por falta de aplicación de los artículos 673, 762, 769, 780 incisos 1° y 3°, 2512, 2513, 2518, 2520, 2531 numerales 1° y 2°, y 2538 del Código Civil; 75 numerales 6 al 11, 332 y 400 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil; 29 y 83 de la Constitución Política y 1° modificación 41 del Decreto ley 2282 de 1989; y la aplicación indebida de los artículo 946, 947, 950, 952, 961, 962 y 966 del Código Civil y 333 del Código de Procedimiento Civil; «como consecuencia de errores de hecho manifiestos”.
Lo desarrolla así:
En ambas categorías, en lo que a la valoración probatoria se trata, además de invocar el precepto sustancial infringido, se requiere una labor demostrativa de la relevancia de la equivocación, por haberse proferido una sentencia contraria a lo que arroja una idónea tasación de los medios de convencimiento, pero tomando en consideración ciertas particularidades.
Si se trata de un yerro de facto, debe orientarse el cuestionamiento a la estimación objetiva de las pruebas, ya sea por suposición o preterición. En caso de que se acuda al de jure, el esfuerzo se centra en una indebida interpretación de las regulaciones adjetivas que rigen su producción, la desatención de las mismas, la falencia al fijar su eficacia o el incumplimiento del deber que consagra el artículo 187 ibídem, en cuyo caso la labor se hace más compleja, pues, amerita el análisis de lo que arroja cada una de las que a juicio del censor fueron aisladas y la manera como se cohesionan con todas las que sustentan el fallo.
La Corte en sentencia del 15 de septiembre de 1993, citada en la del 13 de octubre de 1995, Rad. 3986 y reiterada, entre otros, en auto del 13 de enero de 2013, Rad. 2009-00406), tiene dicho que
Desde el punto de vista de la técnica del recurso (…), la demostración de los yerros de apreciación probatoria por cuya causa puede el sentenciador llegar a transgredir una norma de índole sustancial comprende dos fases: Una, que es la de la trascendencia del error, común a ambas clases de error, comporta que una vez establecido el desacierto cometido por el juzgador al apreciar la prueba, se demuestre que éste lo llevó forzosamente a la determinación enjuiciada como violatoria de la ley. La otra, en cambio, asume diferente significación según sea la clase de error, pues al paso que en el de hecho la apreciación cumplida por el juzgador debe ser examinada teniendo como punto de referencia la objetividad del medio probatorio, en el de derecho la estimación cumplida se ha de pasar por el tamiz de las normas que disciplinan la actividad probatoria. Sin embargo, vista la cuestión desde otra perspectiva, se trata, en ambas clases de error, de llevar a cabo una labor de confrontación, cuyos pasos deben ser los siguientes: (…) En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente (...) En el error de derecho -cuyo ineludible punto de partida es la percepción material u objetiva del medio por parte del sentenciador-, también es del caso llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, según se ha anticipado, más en este supuesto lo será para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que, de hecho, consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violación".
Esos puntos de discordia, en concreto, están encaminados a desvirtuar la falta de uno de los presupuestos para la pertenencia, como lo es la posesión quieta e ininterrumpida por más de veinte años al momento en que se formula el reclamo.
Sin embargo, en la forma como está planteada deja en firme la conclusión del Tribunal de que no opera la suma de posesiones con la que se pretende complementar el lapso de ley, para enfocarse en que «el demandante probó su posesión entre los eventos desde el 09 de abril de 1.981 hasta el 23 de abril de 2.001, cuando se notificó el curador ad litem».
Desde esa óptica, al tomar como punto de partida del cómputo para prescribir el 9 de abril de 1981, quiere decir que al 22 de marzo de 2000, cuando se incoó el libelo, no habían transcurrido las dos décadas requeridas para adquirir por prescripción el bien, sin que exista una justificación o razonamiento que justifique que el cálculo deba hacerse a la fecha en que se trabó la litis.
Así las cosas, no se socava la conclusión de que «ni uno solo de los declarantes da cuenta de actos de posesión ejercidos por el demandante ni mucho menos por su antecesora, que sumados se remonten siquiera a los veinte años”.
Sobre la deficiencia advertida la Sala, en auto de 20 de enero de 2010 y reiterado el 6 de septiembre de 2011, Rad. 2004-00071 y 2003-00499, señaló que:
Cuando se trata de la causal primera de casación, en cualquiera de las especies de violación de las normas sustanciales a que ella se contrae, ya por la vía directa ora por la indirecta, los reproches formulados deben comprender todos y cada uno de los fundamentos de la providencia en los que ella se sustenta, en el claro entendido de que si cualquiera de estos se pretermite o se ignora o de alguna manera subsiste para mantenerla en pie, no hay lugar a quebrarla, toda vez que la Corte, dado el carácter dispositivo y restricto propio del recurso extraordinario, tampoco puede de oficio completar la tarea recortada que a ese respecto se le proponga.
El debate de la producción del medio de convicción es completamente ajeno a su valoración objetiva, que es a lo que contrae la anomalía anunciada por el opugnante, sin que haya lugar a aplicar el artículo 51 regla segunda del Decreto 2651 de 1991, por cuanto de manera independiente se propone como error de derecho la misma inconformidad que se objeta en esta acusación.
Al respecto esta Corporación, en autos del 29 de marzo y 16 de noviembre de 2012, exp. 2007-00935 y 2006-00045, recordó:
(…) si la acusación debe ser perceptible a la inteligencia, es claro que, entre otras cosas, no puede entremezclarse o hacerse mixtura de las causales, porque en lugar de diafanidad, todo se prestaría a confusión (…) Sobre el particular la Corte tiene explicado que no resulta técnico “denunciar un error de juzgamiento y desarrollarlo como de procedimiento, o acusar errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas como fundamento de la violación directa de la ley sustancial, sino que es necesario identificar, en primer lugar, el tipo de error en que se pudo incurrir, y luego aducirse la causal o la vía que para el efecto se encuentra legalmente prevista’(Auto 147 de 2 de agosto de 2004, expediente 04780)”.
Ni siquiera se hizo observación sobre el particular en los alegatos de primera instancia ni mucho menos en la sustentación de la alzada, por lo que admitir cualquier molestia sobre un trámite, expresamente avalado por el impugnante al descorrer el respectivo traslado, sería tanto como sorprender a los demás litigantes con revivir situaciones consumadas e irregularidades saneadas, lo que es completamente ajeno a este medio de contradicción.
La Corte en auto de 10 de septiembre de 2012, Rad. 2009-00629, recordó sentencia de 24 de julio de 2009, Rad. 00620, donde se precisó que «el ataque soportado en una indebida apreciación probatoria, bien sea por motivos fácticos o de jure, no alegados en instancia, constituye un medio nuevo en el que no puede basarse ni erigirse exitosamente el recurso extraordinario». Allí mismo se invocó fallo de 4 de noviembre de 2009, Rad. 1998-4175, en el que se dijo que
(…) los referidos planteamientos resultan novedosos y, en consecuencia, inadmisibles en casación, habida cuenta que admitirlos en el mentado recurso comportaría la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con argumentos fácticos que no fueron ventilados en el trámite del asunto y, por tanto, ésta no tuvo la oportunidad de controvertir, amén que implicaría enjuiciar la sentencia con sustento en situaciones que nunca fueron sometidas a consideración del juzgador.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: No admitir el cargo primero de demanda presentada por Gonzalo Quiroga Valbuena para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 13 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario del impugnante contra Luis Helmer Vélez Osorio.
Segundo: Aceptar el segundo y tercero.
Tercero: Correr, en consecuencia, traslado de la misma a la parte opositora.